El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y la correcta utilización de los recursos y bienes públicos. (El concepto ampliado lo brindan los artículos 60, 61 y 63 de la Ley 1757 de 2015).

Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública, a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas u ONG que estén encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público.

📖 Para conocer más información sobre el funcionamiento de las veedurías, consulta la Ley 850 de 2003. (Nota para el desarrollador: Poner enlace a la ley).